Lo que inició como una designación rodeada de cuestionamientos en el Consejo Superior Universitario (CSU), ha terminado en un callejón sin salida legal. La elección de Julia Rivera como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC) se encamina a la anulación debido a una omisión crítica: la profesional no renunció a su cargo de jueza dentro del plazo perentorio que exige la ley.
El muro del Artículo 160
La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es el obstáculo insalvable para las aspiraciones de Rivera. En su artículo 160, la normativa establece que cualquier designado que tenga una causa de incompatibilidad —como lo es ejercer jurisdicción en el Organismo Judicial— debe cesar en dicha actividad en un plazo máximo de 15 días tras su designación.
Julia Rivera fue electa por el CSU el pasado 16 de febrero. Sin embargo, los registros confirman que la profesional continuó ejerciendo funciones en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Amatitlán mucho después de vencido el plazo legal a principios de marzo. Según la ley, esta omisión activa una sanción automática: se entiende que la designada no acepta el cargo.
Una “renuncia tácita” irreversible
Expertos constitucionalistas señalan que el derecho de Rivera a integrar la máxima corte del país ha caducado. Al no haber abandonado la judicatura en el tiempo previsto, la “aceptación” del cargo quedó legalmente anulada.
“No es un tema de interpretación, es un plazo fatal. Si la jueza Rivera seguía firmando resoluciones en Amatitlán después del día 15 de su designación, la ley asume que rechazó el nombramiento a la CC”, explicaron fuentes ligadas al proceso.
El CSU y la maniobra del suplente
La crisis se extiende al magistrado suplente electo, José Luis Aguirre Pumay, quien se encuentra en la misma situación de incompatibilidad al no haber renunciado a su cargo como director en la Usac.
Ante la inminencia del colapso de sus designaciones, el CSU —liderado por Walter Mazariegos— convocó a una sesión extraordinaria para este lunes 23 de marzo con el fin de conocer la renuncia de Aguirre. No obstante, para la jueza Rivera el panorama es aún más oscuro, pues su permanencia en el Organismo Judicial es un hecho público que ya ha motivado acciones legales.
Amparo busca frenar la juramentación
Este domingo, la Corte de Constitucionalidad recibió el expediente 2628-2026, una acción de amparo que busca impedir que el Congreso de la República juramente a Rivera en abril. El recurso argumenta que permitir que una jueza en activo asuma una magistratura constitucional violaría flagrantemente la seguridad jurídica y el diseño institucional del país.
A este fallo administrativo se suman las tachas previas contra Rivera por supuesta falsedad en su experiencia docente, lo que coloca al CSU en una posición de vulnerabilidad política y jurídica sin precedentes, obligándolos posiblemente a repetir un proceso de elección que nació viciado.
