Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno informó que el presidente Bernardo Arévalo, haciendo uso de su facultad constitucional, vetó el Decreto 7-2025 Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) la cual permitía que los consejos pudieran ejecutar obras de arrastre.
“Después de analizar el Decreto Número 7-2025 aprobado por el Congreso de la República, el presidente de la República, en Consejo de Ministros, decidió vetar el citado decreto al advertir vicios de inconstitucionalidad que violan los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, señala el documento.
Los artículos constitucionales que cita el comunicado hablan sobre los Deberes del Estado, las Obligaciones del Estado, la Función Pública, las Atribuciones del Congreso y la Ley Orgánica del Presupuesto. El documento emitido por el Ejecutivo no precisa en qué específicamente hay violaciones constitucionales.
“El Gobierno de Guatemala reconoce la necesidad de garantizar la ejecución de obra pública para dar respuesta a las necesidades municipales, por lo que explora alternativas al Decreto Número 7-2025 y trabajará con el Congreso de la República para poder alcanzar acuerdos que persigan el desarrollo local, sin sacrificar los esfuerzos por la transparencia y calidad del gasto público”, precisa parte del comunicado.
Asegura que el Gobierno “tiene un enorme compromiso con el desarrollo local y comunitario. Un desarrollo que respete la Constitución Política de la República de Guatemala de forma transparente, sin atajos que vulneren principios constitucionales y comprometan el buen uso de los recursos públicos”.
El documento asegura que el Estado “por años ha sido sometido a redes de corrupción que únicamente han agravado las condiciones de bienestar de las y los guatemaltecos”.
“Esta administración trabaja en defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de derecho, así como en la construcción de una Guatemala que garantice la dignidad de cada persona, con más y mejores servicios públicos”, puntualiza la comunicación.
¿Qué sigue?
El artículo 178 constitucional señala que cuando el presidente hace uso de su facultad de vetar una ley, podrá devolver el decreto al Congreso de la República con las observaciones que estime pertinentes.
Mientras que el artículo 179 de la Carta Magna señala que “devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del pleno en la siguiente sesión, y en un plazo no mayor de treinta días podrá reconsiderarlo o rechazarlo”.
Ahora bien, el texto constitucional precisa que “si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso lo rechazare por las dos terceras partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido”.
Pero “si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efecto como ley de la República”.
Contexto
Desde que el pasado 2 de septiembre el pleno del Congreso de la República aprobara el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Codedes, la opinión de los distintos sectores de la sociedad se fragmentó.
Por ejemplo, el sector empresarial y económico del país se posicionó en contra de la Ley. Ese fue el caso del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), organizaciones que publicaron comunicados rechazando el Decreto y pidiendo su veto por parte del mandatario.
Sin embargo, los jefes ediles de Guatemala cerraron filas y exigen que la Ley entre en vigencia. Para demostrarlo, más de 200 alcaldes se congregaron a la capital y llegaron a las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia para entregar un oficio con la petición al mandatario de sancionar el decreto.
La pugna no se libró solamente entre sectores de la sociedad, ya que en el Congreso también se han registrado opiniones contrarias, pues diputados oficialistas plantearon una serie de objeciones constitucionales a la Ley que fueron desechadas por el grupo de legisladores que ya votó a favor.
Recientemente, varios diputados de oposición aseguraron que tenían los votos para revertir el veto presidencial.
