domingo, agosto 10, 2025

Avanzan las investigaciones sobre pagos irregulares de plazas sobrevaloradas por Q4.7 millones en FEGUA, Augusto Romeo Ponce principal denunciado

Para pagar esos salarios que no tenían sustento financiero ni respaldo de idoneidad para los montos, se solicitó un sobregiro a BANRURAL.

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Contraloría General de Cuentas (CGN) denunció ante el Ministerio Público a Augusto Romeo Ponce Barrientos, ex interventor de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), y a Carlos Enrique Osorio González, exjefe financiero, señalados de posibles irregularidades en en el pago de Q4.7 millones a 150 personas sin contratos y fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos.

La auditoría especial reveló que estas personas habrían pagado a 150 personas sin cumplir los requerimientos técnicos ni profesionales.

Augusto Romeo Ponce Barrientos es miembro del Comité Ejecutivo del partido UNIONISTA.

Una auditoría especial de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló aparentes irregularidades en Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). Lo anterior refleja el aparente mal uso de fondos públicos que ascienden a Q4 millones 761 mil 332.75.

Los datos obtenidos durante las inspecciones de un equipo de auditores, comprendidas del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, detectaron que 150 personas no fueron contratadas, pero la dependencia pública desembolsó recursos para el pago de honorarios de junio a octubre de 2021.

Las personas que estaban descritas como personal 029 no fueron contratadas; no presentaron facturas que respaldaran los pagos; incluso los datos dan cuenta de que Fegua no contaba con la “disponibilidad financiera” para los pagos descritos. Ese renglón corresponde a personal que no guarda relación de dependencia y se utiliza para la contratación de servicios técnicos y profesionales, destinados a dar asesorías o trabajos específicos.

La denuncia fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), que deberá evaluar los documentos recabados durante la auditoría y validar si la sospecha de los auditores sobre aparentes actividades delictivas es acertada.

A continuación el listado de las personas contratadas anómalamente de acuerdo a la auditoria de la CGC:

Los denunciados

Augusto Romeo Ponce Barrientos.

La denuncia de la CGC fue presentada contra Augusto Romeo Ponce Barrientos, quien se desempeñó como interventor de Fegua del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

La documentación que recopilaron los auditores refleja que por su cargo, Ponce fue quien autorizó la serie de pagos que salieron desde una de las cuentas de Fegua sin ningún documento de respaldo.

También se denunció a Carlos Enrique Osorio González, quien fue jefe financiero de Fegua durante el periodo que duró la auditoría. La denuncia señala que la dependencia, pese a no tener solvencia financiera, realizó pagos en concepto de “anticipos” para los 150 trabajadores.

La CGC no hace referencia a las posibles conductas penales a las que pudieron recurrir las dos exautoridades de Fegua, por lo que adjunta nueve informes que esperan ayuden a los agentes fiscales a esclarecer los hechos.

Entre las contrataciones se enumeran bachilleres, maestros, peritos y secretarias que devengaron salarios entre los Q10 mil y Q25 mil mensuales.

En el informe de la CGC detalla que entre junio y octubre de 2021, dicho personal cobró Q4.7 millones sin existir pruebas de su trabajo.

Sin “disponibilidad financiera”

Según la Auditoría, las personas descritas como personal 029 no presentaron facturas que respaldaran los pagos.

Además, según la investigación, Fegua no contaba con la “disponibilidad financiera” para los pagos descritos, de esa cuenta la entidad estatal recurrió a un sobregiro con un banco del sistema.  

El informe de la Contraloría contiene los nombres de los 150 trabajadores quienes recibieron anticipos desde Q3 mil hasta Q100 mil por supuestos servicios técnicos y profesionales.

Bajo el renglón 029, corresponde a personal que no guarda relación de dependencia y se utiliza para la contratación de servicios técnicos y profesionales, destinados a dar asesorías o trabajos específicos.

La CGC no señala posibles conductas penales a las que pudieron incurrir los señalados pero adjunta informes para que la Fiscalía pueda determinarlos en su investigación. 

Cabe destacar que esta auditoría especial se realizó a petición de la sociedad civil, sin especificar entidad.

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