Representantes de distintos partidos políticos cuestionaron en la reunión mensual con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por no agilizar las cancelaciones de las organizaciones políticas que obtuvieron pocos votos en el pasado proceso electoral; afirmando que la ley es clara y que procede la inminente cancelación para las agrupaciones.
La actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), establece que si un partido no obtiene el cinco por ciento de votos en la elección presidencial, o no gana al menos una curul para el Congreso de la República, procederá a ser cancelada.
Pese al ordenamiento legal, según los representantes de partidos políticos, a la fecha existen cinco organizaciones que se resisten a ser canceladas, sin que el TSE cumpla con lo que dice la ley.
“Logramos percatarnos que en la página oficial del TSE siguen apareciendo partidos como Podemos, FCN-Nación, Poder, Partido Popular Guatemalteco y el PAN; incluso, por medio de redes sociales nos enteramos de que algunos de estos partidos han convocado a asambleas”, cuestionó Luis Miranda, representante del partido Nosotros, a las autoridades electorales.
“Yo no veo cual puede ser la disyuntiva o qué ocupe tanto tiempo, no entiendo. Acá es taxativo, no tuvo el 5 por ciento de los votos, ni una curul; entonces, esto debería de estar en los puntos prioritarios”, añadió Emerson García, representante del partido Todos.
La discusión se abrió porque el partido PAN, pese a no competir con la presidencia en 2023 y no ganar una curul en el Congreso, convocó a una próxima asamblea. Lo que a criterio de los partidos políticos representados en la reunión, es contrario a la ley, porque debería estar cancelado.
“Esto no es de conveniencia, la ley es la ley. Entonces digámosle a partido Semilla que haga sus asambleas y se reviva, porque igual y tienen el mismo derecho”, cuestionó Sandra Torres, secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Otro partido político con problemas legales, que incluso fue invitado a la reunión del TSE fue Prosperidad Ciudadana. Organización que no corrió en ninguna candidatura en las elecciones del 2023 pero que por resoluciones de salas, a la fecha, sigue como un partido político activo.
Legalmente, los partidos que no llegaron a los mínimos que marca la Lepp fueron cancelados por el Registro de Ciudadanos; sin embargo, algunos apelaron ante el TSE y estos recursos legales no se han conocido en el pleno, en parte por los atrasos que provocó el proceso penal en contra de cuatro magistrados.
Esta es la justificación que el registrador de ciudadanos esgrime sobre el por qué siguen vigentes:
De acuerdo a estas declaraciones, los partidos que siguen en estado de coma inducido y que metafóricamente están en el intensivo luchando por no pasar a la morgue son PAN, Podemos, FCN Nación y el Partido Popular Guatemalteco, el de Neto Bran. Esto de acuerdo a lo declarado por el registrador de ciudadanos.
Aca sus declaraciones:
A continuación un compendio resumido de la situación de cada una de las agrupaciones políticas que por argumentos que retuercen las leyes, se mantienen vigentes en los registros del TSE aunque es evidente que ya están cancelados en el imaginario de muchísimos guatemaltecos.
PAN: dos veces cancelado y el discurso de «fraude» como defensa
Esta no es la primera vez que el PAN evade una cancelación. La primera ocurrió en 2020, cuando se confirmaron irregularidades en su financiamiento de cinco años antes. El partido no desvaneció los hallazgos de una auditoría del TSE, aún así logró revertir la anulación y correr en los pasados comicios.
El PAN fue cancelado a finales de 2023 por tres razones: no postuló dupla presidencial, no logró ninguna curul en el Congreso ni alcanzó el 5% de votos válidos.
Los motivos del PAN para apelar la cancelación del RC van en la misma línea que la del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras sobre las elecciones de 2023: el discurso del supuesto fraude electoral, aunque sin pruebas.
«Nuestro derecho de defensa estriba en eso, en que nosotros como partido político no podemos ser cancelados dentro de un proceso en el cual cuatro de los magistrados titulares están separados de sus cargos y sujetos a proceso, el director del Registro de Ciudadanos aceptó cargos y está retirado del cargo y se han demostrado más de 1,300 irregularidades en el proceso», aseguró Manuel Conde, secretario del PAN al medio Plaza Pública.
Conde sostiene un dato falso: las irregularidades que señala el MP de Porras no han sido demostradas. Cuando se le cuestionó sobre esto aseguró que el caso penal contra las elecciones es «otro tema», aunque en este se basan los argumentos de su defensa para evitar la cancelación.
Podemos se aferra la solución amistosa con el Estado
El caso de esta organización es similar. Podemos tampoco logró el mínimo de votos requerido, no postuló binomio presidencial ni obtuvo ningún escaño en el Congreso. Aunque hay un elemento distinto, y es en el que se concentra su apelación: la inscripción de su dupla presidencial —Roberto Arzú y David Pineda— fue revertida por los magistrados electorales que diez días antes la había autorizado.
El secretario general de Podemos, Ronald Sierra, indicó que el amparo contra la cancelación se basa, entre otros argumentos, en las acciones legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos de Arzú y Pineda al haber sido «vetados» en las pasadas elecciones y, en consecuencia, que los derechos del partido Podemos también fueron violentados.
Sin embargo, en el Acuerdo de Solución Amistosa que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) suscribió —en nombre del Estado— con Arzú y Pineda solo se reconoce la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco en la violación de los derechos civiles y políticos de las dos personas y se establece un compromiso para promover que dichas violaciones no volverán a suceder, siempre que Arzú y Pineda cumplan los requisitos de las leyes internas.
«Están aplicando una norma que creo que es la correcta (el RC); sin embargo, nosotros no participamos en iguales condiciones que los demás porque fuimos vetados desde antes», señaló Sierra.
FCN-Nación, cómo evitar durante siete años una cancelación
Al igual que el PAN, el partido del expresidente Jimmy Morales ha sorteado la cancelación en más de una oportunidad. Durante siete años, esta organización ha logrado extender su agonía y participar en dos elecciones generales a base de recursos legales que han dilatado su muerte política.
Su primera cancelación ocurrió a finales de 2019, después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), dirigida por Juan Francisco Sandoval, solicitó al TSE la cancelación del partido por haber recibido aportes de los empresarios más poderosos del país, por al menos 8 millones de quetzales, que no fueron reportados al órgano electoral.
Con todo eso, la organización logró competir en las elecciones de 2019 y de 2023, en esta última obtuvo sus peores resultados, pues no logró ninguna diputación y en la elección presidencial solo alcanzó el 0.41% de los votos emitidos. Por estas razones fue cancelado por el RC.
Pese a eso, el partido del expresidente Morales se mantiene vigente por un recurso de aclaración, también sin resolver por los magistrados del TSE. Sin embargo, esta acción solo procede cuando las resoluciones sean «obscuras, ambiguas o contradictorias».
El partido de Neto Bran sigue con vida
El Partido Popular Guatemalteco (PPG) es otro ejemplo de cómo el TSE aplicó el artículo de la Ley Electoral más conveniente para los intereses de los partidos políticos. Esta organización debió ser cancelada en automático por incurrir en dos de las causales que establece el artículo 93 de la LEPP: no postuló binomio presidencial, en la elección de diputados por Lista Nacional obtuvo el 0.44% de los votos válidos; además, no logró ninguna curul en el Congreso.
Pero el TSE decidió que para defenderse, a la organización le aplica el artículo 94 de la Ley Electoral. Según una publicación del diario La Hora, esta interpretación fue por decisión de la magistrada Blanca Alfaro y se derivó de la apelación que presentó el PPG. De acuerdo con la información proporcionada por el RC a Plaza Pública, el recurso de este partido está pendiente de resolverse en el pleno de magistrados.
La figura más visible de esta organización es el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien en varias oportunidades aseguró que este es «su partido». Fue el vehículo con el que Bran logró su segunda reelección, en 2023.
Esta organización, al igual que PC, también fue identificada como «satélite» del partido Vamos en los pasados comicios, al situar entre sus filas a aliados del oficialismo, como el exdiputado Jorge de Jesús García Silva, inscrito como candidato a diputado en la segunda casilla del Distrito Central. García Silva está implicado en el caso «Clima, corrupción y poder» en el cual se señala la presunta sobrevaloración de estaciones de monitoreo adjudicadas por el Insivumeh, en 2020, a Outsourcing Total, S.A.
Con información parcial de Plaza Pública.
