El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo pública una nueva actualización del informe de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica en 2024, más conocido como lista Engel, el cual envió al Congreso de ese país.
Esto en cumplimiento de la sección 353 (b) de los Estados Unidos, Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte, el cual se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y Comité Judicial del Senado.
Entre los 27 nuevos “actores corruptos” a los que se refiere esta lista figuran dos funcionarios guatemaltecos, además de salvadoreños, hondureños y en su mayoría nicaragüenses.
https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report-2024/
Guatemala
En el caso de Guatemala, se incluye a Jorge Adolfo Mondal Chew, presidente de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB).
Según el documento, el guatemalteco “incurrió en corrupción significativa al sobornar a magistrados de la Corte Constitucional para mantener su puesto”.
La segunda es la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, quien según el informe “incurrió en importantes actos de corrupción al aceptar sobornos a cambio de sentencias favorables del Tribunal Constitucional”.
La lista “incluye a personas extranjeras que, a sabiendas, han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de dicha corrupción en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”, señala el documento.
Sanciones
Entre las sanciones que implica ser incluido en esta lista está la prohibición de ingresar a territorio estadounidense, además el Departamento de Estado asegura que se siguen investigando a los incluidos en la lista y que podría “utilizar otras herramientas para desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas” en esos países.
La ley establece también que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones a las personas involucradas en actos significativos de corrupción en un país del Triángulo Norte con “bloqueo de propiedades”.
