El presidente Bernardo Arévalo, se enfrenta a una nueva ola de críticas tras la confirmación de un audio comprometedor en el que destituye a la ministra de Comunicaciones, Jasmín de la Vega. La grabación sugiere irregularidades en la selección de proveedores para pagos estatales, lo que ha derivado en una denuncia formal y una investigación en curso por parte del Ministerio Público.
Durante el fin de semana, un audio en el que se escucha al presidente Bernardo Arévalo destituyendo a la ex ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, se viralizó en las redes sociales. En la llamada, Arévalo expresa su malestar porque la ministra no respetó una lista de proveedores que, según él y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, debía priorizarse para los pagos, sin tomar en cuenta los contratos previamente establecidos.
En una conferencia de prensa posterior, Jasmín de la Vega explicó que había enviado un listado de pagos que incluía proyectos en ejecución que no podían ser interrumpidos, defendiendo que su función era gestionar la lista según las obligaciones contractuales del Estado. Sin embargo, el audio parece indicar que la lista enviada no coincidía con la que manejaban Arévalo y Menkos, lo que llevó a su destitución.
El lunes, el presidente Arévalo confirmó la autenticidad del audio y la existencia de la lista específica de proveedores mencionada. Además, insinuó que De la Vega, a quien calificó como una persona de poca confianza, podría haber sido la fuente de la filtración.
Al ser consultado sobre el tema, el Ministerio Público confirmó que ha recibido una denuncia relacionada con el audio y los documentos circulados en redes sociales. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) está a cargo de la investigación, que se encuentra en desarrollo. El Ministerio Público agregó que las tres denuncias previas relacionadas con posibles irregularidades en el pago a constructores, inicialmente en manos de la Fiscalía contra la Corrupción, han sido transferidas a la FECI.
La revelación del audio y la confirmación de las investigaciones por parte del Ministerio Público aumentan la presión sobre el presidente Bernardo Arévalo, quien ahora se enfrenta a varias investigaciones bajo la supervisión de la FECI. Este caso, que ya ha generado un intenso debate público, podría tener implicaciones profundas para su administración y la estabilidad política del país.
