Ciudad de Guatemala, 20 mar.- El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó que se han detectado diversas irregularidades durante el diagnóstico que se lleva a cabo en las obras en construcción que recibieron del gobierno anterior.
La información se dio a conocer en una conferencia de prensa, el martes 19 de marzo, en la que señaló diferentes anomalías en expedientes de proyectos de vivienda y edificios escolares.
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Vacíos legales detectados
Asimismo, las autoridades de dicha cartera señalaron que una de las causas radica en los vacíos legales y procesos débiles del Reglamento Operativo del Fondo de Vivienda (Fopavi) para el otorgamiento del subsidio directo.
De acuerdo con Walter Monroy, director ejecutivo del Fopavi, el artículo 32 de dicho reglamento, sobre la Modalidad de Pago y sus Requisitos, autoriza cuatro desembolsos para un proyecto.
El primer desembolso es del 30 % del costo total de la obra, el segundo por otro 30 %. También el tercero es por la misma cantidad, mientras que en el último se desembolsa el 10 % restante. Estos desembolsos corresponden a avances físicos en las obras.
En tanto que el artículo 45 del Reglamento: Criterios para el Anticipo de Pago Total del Subsidio Directo, permite que cuando la obra tenga un avance físico del 70 % puede otorgarse el 90 % del pago total. De acuerdo con las autoridades, es en esta parte en la que los contratistas abandonan las obras.
Asimismo, el Ministerio señala que, en una sola reunión en noviembre pasado, el gobierno anterior autorizó 10 mil 664 subsidios. El total de estos asciende a 373 millones 240 mil quetzales. De acuerdo con las autoridades, con estas acciones se comprometió el 50 % del presupuesto del Fopavi para el año en curso.
Además, Monroy señaló que al hacer una revisión aleatoria de mil 177 expedientes, de los 10 mil 664 subsidios otorgados, se detectaron que 459 tienen entre una y cuatro anomalías, por las cuales no debieron aprobarse.
Pedirán apoyo
La ministra Jazmín de la Vega, dijo en la citada conferencia de prensa que ya solicitaron el acompañamiento y asesoría de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para llevar a cabo las investigaciones y hacer las denuncias respectivas.
