La Corte de Constitucionalidad (CC) llevó a cabo este lunes una vista pública por el amparo que solicitó el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien enfrenta una denuncia de la Fundación Contra el Terrorismo.
El juez presentó sus argumentos de defensa para frenar el antejuicio que promovió en su contra la Fundación.
Gálvez dijo que el antejuicio en su contra atenta contra la independencia judicial reconocida por la Constitución Política de la República y sus obligaciones como juez.
“La resolución del 15 de junio 2022, dictada por la Corte Suprema de Justicia que admite el trámite del antejuicio, es una decisión arbitraria, pues atenta contra uno de los pilares fundamentales como lo es la independencia judicial reconocida no solo por la Constitución Política de la República”, aseguró Gálvez durante la audiencia.
“La misma carece de fundamento serio”, reafirmó el juez ante los magistrados de la máxima corte.
Gálvez rechazó el argumento de que “no se observaron motivaciones ilegítimas” sobre el antejuicio. Añadió, que al leer la querella se podría concluir que no existe un “elemento” o “investigación seria” para sostener los argumentos.
Prisión provisional como base del señalamiento
La Fundación Contra el Terrorismo señala a Gálvez de “detenciones ilegales” bajo la figura de la prisión provisional. El querellante y representante de la organización, Ricardo Falla, señaló que el juez “puso de moda” esa figura.
Falla expuso que era una discusión, le pidió que “tome agua” y le advirtió sobre su aprehensión.
Ricardo Méndez Ruiz, aseguró que ya ha “encarcelado” a otros operadores de justicia; jueces y fiscales, y que ahora “le tocó el turno del juez Gálvez”.
Maritza Castillo, representante del Ministerio Público (MP), le dio la razón a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que decidió dar trámite al antejuicio contra el juez Gálvez. Castillo argumentó que la Corte actuó entres los parámetros fijados en la Ley en materia de antejuicio.